El conflicto entre el Ayuntamiento de Segovia y la Policía Local tendrá continuidad en los tribunales.
Una parte de los agentes, a través del Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL), ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que avaló los decretos de Alcaldía utilizados para imponer servicios extraordinarios obligatorios. El recurso, dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, cuenta con el respaldo jurídico y económico del sindicato al que representa Salvador Berbel, aunque todavía deben completarse algunos trámites relacionados con la representación legal de los recurrentes.
La decisión llega después de que los policías celebraran una asamblea para valorar la conveniencia de continuar con el procedimiento judicial. El resultado reflejó una división entre los afectados: 25 votaron en contra de recurrir y 23 se mostraron favorables. Sin embargo, al tratarse de una decisión individual, los agentes interesados mantienen la posibilidad de acudir a la segunda instancia con independencia del resultado de aquella votación.
Berbel explica que el elevado coste económico del recurso fue uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta. Finalmente, su organización sindical decidió ofrecer cobertura a los afiliados que quisieran continuar con la reclamación mediante la contratación de un abogado de Segovia.
Este letrado sustituye al abogado de Toledo que representó a los policías en el procedimiento inicial. Para formalizar el cambio debe obtener la correspondiente autorización de los recurrentes, una documentación que está siendo requerida durante la tramitación.
El representante sindical confirma que la apelación se presentó dentro del plazo establecido, aunque precisa que el juzgado ha solicitado completar algunos requisitos de representación. Por tanto, todavía no puede darse por cerrada la tramitación inicial del recurso ni confirmarse que el tribunal vaya a entrar a examinar el fondo del asunto.
La sentencia impugnada, conocida el pasado 21 de octubre, rechazó las pretensiones de los agentes y declaró ajustados a derecho los decretos municipales empleados para cubrir acontecimientos multitudinarios como la Tardebuena, la Carrera de Fin de Año, la Cabalgata de los Reyes Magos o la Media Maratón de Segovia, entre otros eventos de la ciudad que reúnen a cientos o miles de personas. El juez consideró que la falta de voluntarios -debido a la negativa de los policías ante la falta de avances en las negociaciones con el Consistorio- justificaba recurrir a designaciones obligatorias para garantizar los servicios de seguridad.
La resolución también respaldó el sistema de sorteo utilizado para seleccionar a los funcionarios y la designación de suplentes. Sobre esta última cuestión, reconoció que la obligación de permanecer disponible podía afectar a la vida privada de los agentes, aunque no apreció motivos para conceder la indemnización por daños morales que se reclamaba.
Dos demandas pendientes
La apelación no es el único procedimiento abierto. Berbel aclara que la sentencia de octubre resolvió exclusivamente la primera de las tres demandas presentadas durante la primavera contra los decretos municipales.Las otras dos, promovidas por CSIF y por su organización sindical, siguen pendientes de pronunciamiento judicial. Inicialmente se contempló la posibilidad de acumular los procedimientos en un único juicio, una circunstancia que motivó la suspensión de la vista prevista para el 8 de julio.
Sin embargo, la acumulación no llegó a producirse. Según Berbel, los sindicatos conocieron posteriormente que únicamente se celebraría la vista correspondiente al primer recurso, planteado por lo asamblea que representaba a la plantilla, y que los otros quedarían a la espera.
No obstante, los abogados consultados por el representante sindical consideran posible que, una vez exista sentencia firme sobre el primer procedimiento, el juzgado entienda que las otras demandas plantean cuestiones sustancialmente iguales y no celebre nuevas vistas. Se trata de una posibilidad trasladada por los servicios jurídicos, no de una decisión adoptada por el órgano judicial. Así, Berbel recuerda que los escritos de los tres procedimientos son similares, pero no idénticos, y que su sindicato había solicitado que también se examinara su demanda.
El origen del conflicto se remonta a la renuncia de los agentes a realizar voluntariamente servicios extraordinarios. Ante la falta de efectivos disponibles, el Ayuntamiento recurrió a decretos para organizar dispositivos de seguridad durante celebraciones como la Tardebuena, la San Silvestre o la Cabalgata de Reyes.
Los representantes policiales cuestionaron la obligatoriedad de esas designaciones y la situación de los suplentes, que debían permanecer pendientes de una posible incorporación al servicio. El Ayuntamiento defendió su necesidad para garantizar la seguridad durante acontecimientos con elevada concentración de público.
Pese al pronunciamiento favorable al Consistorio en primera instancia, la presentación de la apelación mantiene abierto el litigio. Berbel asegura, además, que el diálogo con el equipo de gobierno del Partido Popular no ha experimentado avances relevantes después de la sentencia. Según su versión, ambas partes han mantenido una única reunión y continúan pendientes de conocer el estudio externo sobre retribuciones y organización del servicio encargado por el Ayuntamiento a Adecco.
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